Un asistente de maestro que trabajó en una escuela de ILTexas que atiende a estudiantes de la comunidad de Colony Ridge se declaró culpable el lunes 27 de julio por el delito grave de primer grado de participación en una actuación sexual con un menor de 14 años. El jueves 30 de julio fue sentenciado a ocho años de libertad condicional diferida.
Carlos Barroso-Torrado, de 21 años, aceptó su culpabilidad ante la jueza del Distrito 75, Michelle Merendino. Además, la jueza le ordenó pagar una multa de 1,000 dólares y registrarse como delincuente sexual. También deberá presentarse en la cárcel del condado cada dos fines de semana hasta cumplir un total de 60 días de cárcel, comenzando el 14 de agosto.
Durante la audiencia del jueves se dieron a conocer más detalles del caso.
Según la información presentada en la corte, Barroso-Torrado trabajaba como asistente de maestro en un salón de suspensión dentro de una escuela de ILTexas. Ahí permitió que dos estudiantes adolescentes tuvieran actividad sexual dentro del salón que él estaba supervisando.
Otro estudiante que estaba en el salón grabó el incidente en video. En la grabación también aparece Barroso-Torrado mientras ocurrían los hechos. Ante las autoridades y en la corte, él admitió su responsabilidad y se declaró culpable del delito grave.
Barroso-Torrado también reconoció que llevó un vapeador al salón y que lo compartió con estudiantes que estaban en suspensión. Además, admitió que en el pasado consumió grandes cantidades de drogas ilegales y que también vendió drogas.
Después de la sentencia, la Oficina de la Fiscal del Condado de Liberty dijo que estaba decepcionada con el castigo impuesto por la jueza.
“Enviamos a nuestros hijos a la escuela confiando en que los adultos que trabajan ahí los mantendrán seguros y los protegerán. Eso no ocurrió en este caso. Estamos muy decepcionados con la sentencia tan ligera que impuso la jueza. Todas las personas que trabajan en una escuela pública o privada, ya sean maestros, asistentes, personal de limpieza o administradores, deben cumplir con un estándar más alto porque son responsables del cuidado de nuestros niños”, dijo la fiscal del Condado de Liberty, Jennifer Bergman.
Bergman agregó que una sentencia diferida de seis años “no es un castigo severo” y que, en su opinión, ese no es el mensaje que se debe enviar a las personas que tienen la responsabilidad de cuidar a los niños.
